Sentencia favorable: Incapacidad permanente absoluta por patología lumbar y cervical.

El Juzgado de lo Social nº 4 de Palma ha reconocido en procedimiento judicial llevado por AbogadosIncapacidadMallorca la situación de incapacidad permanente absoluta por "patología lumbar, cervical y de miembros inferiores y superiores". La Sentencia fue dictada el pasado 3 de mayo de 2019 en un procedimiento cuya dirección letrada fue asumida desde el inicio por este despacho.

JDO. DE LO SOCIAL N. 4 de PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00135/2019

SSS 697/2018

Palma de Mallorca, a tres de mayo de dos mil diecinueve.

SENTENCIA

JUEZ QUE LA DICTA: MONICA GARCIA BARTOLOME

DEMANDANTE:

GRADUADO SOCIAL: PEDRO MARTINEZ

DEMANDADO: INSS

LETRADO DEL SERV. JUR. DELEG. PROV. BALEARES INSS: JORGE

OBJETO DEL JUICIO: INCAPACIDAD PERMANENTE

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - En fecha 6.9.2018 se presentó demanda por la

parte actora en la que, después de alegar los hechos y

fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso,

suplicaba se dictase sentencia de acuerdo con los pedimentos

vertidos en el suplico de la misma.

SEGUNDO. - Admitida a trámite la demanda, se señaló para

la celebración del acto del juicio. Llegado el día previsto,

éste tuvo lugar con asistencia de las partes y con el resultado

que obra en autos, quedando a continuación las actuaciones

pendientes de dictar sentencia.

TERCERO. - En la tramitación del presente procedimiento se

han observado las prescripciones legales oportunas.

HECHOS PROBADOS

1.- La actora, Dª. CARMEN ADRIANA REDONDO GRE, con NIF Nº

43201290E, nacida el 14.4.1954, se encuentra en situación de

alta o asimilada en el Régimen General de la Seguridad Social,

con profesión habitual de técnico socio sanitario- auxiliar de

clínica.

2. – La demandante inició situación de IT derivada de

enfermedad común el día 25.11.2016, que finalizó con propuesta

de incapacidad permanente.

Iniciado el correspondiente expediente, el día 15.5.2018 el EVI

emitió informe de valoración médica y el 23.5.2018 dictamen

propuesta en el que se calificaba la contingencia como

enfermedad común y se determinaba que la demandante presentaba

un cuadro clínico residual de, xxxxxxxx,proponiendo la

calificación de la trabajadora como no incapacitada en grado

alguno. Acogiendo la anterior propuesta, el INSS dictó

resolución denegando a la actora la incapacidad permanente por

no presentar un grado suficiente de disminución de capacidad,

con efectos de 31.5.2018

Frente a dicha resolución la actora presentó reclamación

previa, que resultó desestimada por resolución notificada el

día 23.7.2018, quedando agotada la vía administrativa.

3.- La demandante presenta las siguientes patologías

(documental médica e informe médico forense):xxxx

4.- Las patologías descritas le producen las siguientes

limitaciones (informe médico forense):xxxxx

La capacidad laboral residual está muy disminuida, podría

realizar tareas sedentarias en una jornada laboral reducida,

con la debida adecuación del puesto de trabajo a sus

limitaciones, no obstante, aun así, probablemente el

rendimiento laboral será nulo o prácticamente nulo. Este estado

es definitivo y sin posibilidad de mejoría.

5.- El servicio de prevención de riesgos laborales de la

empresa, tras informe médico de fecha 12.6.2018 en el que se

relata que “la trabajadora presenta alteradas las pruebas de

movilidad, fuerza muscular, marcha, equilibrio, coordinación y

sensibilidad. Realizada la evaluación de tareas y riesgos de su

puesto de trabajo, las alteraciones detectadas se consideran

incompatibles con el desempeño de su puesto de trabajo”,

concluye que la trabajadora no es apta para su puesto de

trabajo como xxxxxxx.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - El relato de hechos declarados probados

resulta de la libre y conjunta valoración de la prueba

practicada, en especial el expediente administrativo aportado a

los autos, la documentación aportada y el informe emitido por

el médico forense.

SEGUNDO. - Solicita la parte demandante que se dicte

sentencia por la que se declare a la actora en situación de

incapacidad permanente absoluta, y subsidiariamente, total, y

se condene a la Entidad Gestora demandada a abonar la

prestación correspondiente.

El INSS si bien en trámite de conclusiones muestra su

conformidad con la declaración de la trabajadora en situación

de IPT, se opone a la solicitud de incapacidad absoluta, al

entender que le médico forense establece que conserva capacidad

para actividades sedentarias, interesando la desestimación de

la demanda en ese extremo.

TERCERO.-. Entrando en el fondo, de la cuestión, y

conforme al art. 194 del TRLGSS de 2015, “se entenderá por

incapacidad permanente absoluta para el ejercicio de todo

trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda

profesión y oficio. Y se entenderá por incapacidad permanente

total para la profesión habitual la que inhabilite al

trabajador para la realización de todas o las más importantes

tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra

distinta”.

La invalidez permanente configurada en la acción

protectora de la Seguridad Social es de tipo profesional, y por

ello, para su debida calificación hay que partir de las

lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación

con su actividad laboral, para comprobar las dificultades que

provocan en la ejecución de las tareas específicas de su

profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la incapacidad

permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o

las más importantes tareas de su profesión habitual con un

mínimo de capacidad o eficacia (STS 26-2-79) y rendimiento

económico aprovechable (STCT 26-1-82) y sin que se trate de la

mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada

tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas

de continuidad, dedicación y eficacia (SSTS 6-2-87 y 6-11-87).

También declara la jurisprudencia que para valorar el grado de

invalidez no es exigible por el empresario un verdadero afán de

sacrificio (STS 21-1-88). Por lo demás, conforme establece la

STS 17-1-89, “la profesión habitual no es esencialmente

coincidente con la labor específica que se realice en un

determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador

esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya

destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin

perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias

de titulación académica”.

Continuando esta doctrina, el TSJ del País Vasco,

en sentencia de 11 de septiembre de 2.001, declaró que la

situación de incapacidad permanente total toma como uno de sus

parámetros las tareas propias de la profesión habitual, lo que

no equivale a las concretas labores que desempeña el trabajador

normalmente y ni tan siquiera a las de su categoría

profesional. No cabe identificar, pues, profesión habitual con

puesto de trabajo habitual ni con categoría. Repárese en que lo

que se quiere atender no es la específica incidencia que van a

tener las secuelas en el concreto empleo que tiene el

trabajador, sino algo de mayor significado en su vida laboral,

dado que normalmente se desempeña una sola a lo largo de la

misma, por lo que, si ésta se trunca por razón de enfermedad o

accidente, la incidencia que le causa es de una magnitud mucho

mayor a la que deriva de la concreta pérdida de un específico

empleo. Que ello es así lo corrobora el que la pérdida

involuntaria de éste ya se proteja en nuestro ordenamiento con

una prestación específica, como es la de desempleo, de carácter

meramente coyuntural; por contra, esa mayor gravedad de la

pérdida de la capacidad para seguir desempeñando la profesión

se compensa con una pensión vitalicia, en inequívoca señal de

que viene a compensar algo con repercusiones de mayor entidad.

En el caso presente, del examen de la documental médica,

se objetiva ampliamente la patología lumbar, cervical y de

miembros inferiores y superiores padecida, así como la

repercusión funcional que le produce, como consta en el relato

de hechos probados. Las patología físicas no consta sean

susceptibles de intervención quirúrgica, son de carácter

crónico y su curso es degenerativo, no constando tampoco la

posibilidad de tratamiento curativo para las mismas del que la

actora se halle pendiente, limitando gravemente, no sólo el

desempeño de su profesión, si no, como relata la médico forense, el de cualquier otra, a pesar incluso de las

eventuales adaptaciones que se le hicieran en un puesto de

trabajo sedentario.

Por todo lo expuesto,

FALLO

ESTIMANDO la demanda interpuesta por xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL, debo declarar y declaro que la demandante se encuentra

en situación de incapacidad permanente absoluta derivada de

enfermedad común, con derecho a percibir una prestación por

importe del 100% de su base reguladora de 923,19 euros, y con

efectos económicos de 31.5.2018, con los incrementos y

revalorizaciones que correspondan y sin perjuicio de las

compensaciones que legalmente proceda realizar, condenando al

INSS a estar y pasar por esta declaración y al pago de la

prestación correspondiente.